Nuevamente el Ministerio de Industria, tras anunciar a bombo
y platillo que no subiría los peajes de acceso con el nuevo año, algo muy
conveniente para los intereses del gobierno en un año electoral, se saca de la
manga una disposición final incluida en la Orden IET/2444/2014, de 19 de
diciembre y publicada en el BOE nº 312 el 26 de diciembre de 2014, donde
establece que el coste del servicio de interrumpibilidad lo deben sufragar a
partir del primero de enero de este año los consumidores.
Esta técnica de subir los precios de “tapadillo” es una norma
muy habitual en el Ministerio de Industria. Valga recordar lo que sucedió el
pasado junio cuando se incremento el precio de los costes de pérdidas de red o
un poco más atrás, en el 2011 (otro año electoral) cuando también se anunció
que no se tocarían los peajes, cosa que efectivamente así fue, pero se subieron
los pagos por capacidad. Esto por no mencionar las subidas de más del 100% del
importe de los términos de potencia en mitad de agosto del año 2013 con el país
de vacaciones.
Lo más curioso es que esta vez nos suben los costes por un
servicio que no es necesario. El servicio de interrumpibilidad es en un sistema
a partir del cual grandes consumidores reducen su consumo de energía en
momentos teóricamente de un gran exceso de demanda, para garantizar que el
resto de consumidores puedan disponer de la electricidad que teóricamente necesitan.
Estos grandes consumidores reciben una retribución por su “servicio” al sistema.
Lo curioso de todo esto es que hace varios años que en nuestro sistema
eléctrico hay sobrecapacidad y no es necesario este servicio, que desde hace al menos 5
años no ha requerido de ninguno de estos grandes consumidores para que reduzcan
su consumo, aunque sin embargo lo están cobrando. Por tanto se está pagando a estas empresas una subvención
encubierta posiblemente para evitar que cierren sus fábricas en España al no
ser competitivas por los precios de la energía con respecto a otros países.
Hasta ahora este coste estaba establecido dentro de los
peajes, pero ahora se va a facturar como un coste de la energía en el mercado y
va a suponer un aumento de aproximadamente un 2% en la facturación de la
energía de los consumidores, variando su coste en función de la demanda
nacional y del coste total del servicio que se liquida mensualmente.
El problema ahora radica en saber cómo van a trasladar este coste las comercializadoras a los
clientes, puesto que dado que todavía no sabemos la demanda que habrá, ¿cómo van a saber cuál es el precio
correcto que se va a cobrar a cada consumidor cuando hasta final de mes no se
va a saber el coste mensual del servicio ni la demanda entre la que hay que
repartirlo? En las facturas que ya están cerradas de este mes ya lo están
aplicando.
Nuevamente el consumidor lo acaba pagando todo y lo peor es
que sin ninguna transparencia que le permita conocer si le están facturando
correctamente o no.
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